Ha concluido un mes de gestión del nuevo gobierno y uno de los hechos más importantes fue la presentación, en el Congreso de la República, del Presidente del Consejo de Ministros y del gabinete ministerial, para explicar los lineamientos de la política propuesta por el Ejecutivo.

En su mensaje, el doctor Dañino, al hacer referencia al sector educación, mencionó como prioridades la interconexión de los colegios a través de Internet, una nueva Ley General de Educación que incluya mecanismos de medición del rendimiento y de incentivos al profesorado, una mayor importancia a los méritos que a la antigüedad en la carrera magisterial, y el aumento del número de horas de clase hasta 1050 por año (50 horas más que las establecidas por el DS 007-2001-ED). En el caso de la educación bilingüe, señaló que se favorecerá la designación de profesores que contribuyan a conservar la cultura y las costumbres del entorno de los niños y que se adoptarán medidas para evitar la deserción escolar y facilitar la permanencia del profesorado en la zona.

Para que la inversión que se haga en el Plan Huascarán sea eficiente habrá que ir más allá de los tres componentes citados por el Viceministro de Gestión Pedagógica. Si se quiere que los profesores incorporen el uso del computador e Internet en sus prácticas pedagógicas, habrá que establecer con claridad el rol de la informática como herramienta de apoyo a las experiencias educativas realizadas al interior de las escuelas. A partir de esa definición se deberían plantear la necesaria reconceptualización del currículum, para trabajar competencias intelectuales y morales de mayor nivel, así como el tipo de capacitación que requieren los docentes. En el primer caso, lo concebido hasta ahora como una educación de elite, en términos de capacidades de pensar, elaboración de conocimientos, comunicarse, resolver problemas, aprender a aprender y manejo de la innovación, deberá ser provisto para todo o por lo menos la mayor parte del sistema. En cuanto a la capacitación será necesario calificar al docente en el uso de las herramientas básicas de esta tecnología, pero también para que comprendan la forma como los software y las páginas web pueden convertirse en un material muy útil para el cumplimiento de los objetivos del plan de estudios que implementan.

Por el contrario, a cada colegio hay que asegurarle su propio espacio de decisión para acceder al conocimiento, intercambiar experiencias o trabajar en actividades curriculares que impliquen el uso del computador. Los directores de los colegios tendrían que asegurar tiempos suficientes de práctica de uso del computador y de Internet, así como estimular la innovación en la aplicación de esta tecnología en las asignaturas del plan de estudios. En este caso, la misión de la administración debería centrarse en la promoción, animación, monitoreo, evaluación y financiamiento del proceso.

En tercer lugar, se requiere tener una idea de las diversas alternativas de costo de instalación de los equipos y sistemas de redes, así como de su mantenimiento. Una revisión de la experiencia española con el Proyecto "Aldea Global" sería deseable por considerar costos más asequibles a las características de un país en desarrollo. La evaluación de los costos debería hacerse en función de los posibles impactos que se buscan en la elevación de la eficiencia del trabajo docente y de la institución en general, así como de la mejora de los resultados académicos.

En cuarto lugar, será conveniente ampliar los beneficios del Plan Huascarán a los centros que forman profesores. La meta debería ser que todo egresado de los institutos pedagógicos y facultades de educación tenga un dominio suficiente de las herramientas de la informática.

También sería deseable estudiar, en la experiencia chilena, el rol activo que tuvieron las universidades participando en la asesoría a los liceos y la organización de la red Enlaces. La ventaja de comprometerlas en redes de asistencia técnica es la de comenzar una unión que nunca existió dentro del sistema educativo pero que es indispensable para reflexionar sobre fórmulas creativas de adecuación del uso de la informática en función de los contextos locales, tanto para la implementación del currículum como para tareas administrativas y para la alimentación y actualización de los portales pedagógicos que alimentarían el Plan Huascarán. Al respecto, el Ministerio de Educación no debería promover y alentar la existencia de un único portal pedagógico sino de varios, los cuales deberían convertirse en elementos de apoyo e integración de diversas iniciativas y perspectivas que surjan en cada centro educativo.

De otro lado el Ministerio de Educación puso a consideración de la opinión pública un proyecto de reglamento para concursar el nombramiento de alrededor de 35 mil plazas docentes, lo que se haría efectivo a partir de marzo del próximo año. Este proyecto fue elaborado durante la gestión de Marcial Rubio con la participación del sindicato y responde a una exigencia de la Ley 27491.

La publicación del proyecto daba sólo cinco días de plazo a la opinión pública para expresar sus sugerencias. Según datos del Ministerio de Educación, durante el presente año –hasta mayo- el total de profesores nombrados aumentó de 205 mil a 225 mil, disminuyendo a 55 mil los profesores contratados.

INIDEN considera que el proyecto de reglamento para el nombramiento de profesores debería ser modificado sustancialmente. Un nombramiento que es casi de por vida, no debería limitarse sólo a la evaluación de expedientes que incluyen la antigüedad del título pedagógico, los certificados que acreditan experiencia y capacitación docente, y la residencia y procedencia del postulante. Sería deseable que el director y los comités de evaluación que se vienen formando en los centros educativos, entrevisten a los candidatos y hagan un análisis de la trayectoria previa del docente como contratado, resolviendo la marginalidad de los centros educativos en la selección de sus profesores. De lo contrario, se incumple con lo dispuesto en el DS 007-2001-ED que establece la participación de los directores en la selección del personal docente para cubrir las plazas vacantes.

Evaluar al postulante en el centro educativo sería la mejor manera de identificar las limitaciones que pueda tener para el desempeño de sus funciones inherentes a la enseñanza; por ejemplo, alguna deficiencia oral o escrita, problemas de personalidad y de orden moral, etc. Al respecto, y en cumplimiento de normas legales, la segunda disposición transitoria hace referencia a que los profesores que acrediten discapacidad son bonificados con cuatro puntos en la evaluación. Convendría precisar que dicha discapacidad no debería estar vinculada a un impedimento para el adecuado cumplimiento de las funciones de enseñanza.

En el caso de los docentes que trabajan en los institutos y escuelas superiores, la exigencia para ser nombrado es el título de profesor o licenciado en educación. Si bien para las asignaturas básicas ese requisito es aceptable, en el caso de las asignaturas prácticas se olvida que la experiencia laboral en la materia de enseñanza es fundamental. Un estudio realizado por el Ministerio de Trabajo y Promoción Social reveló hace pocos años que la gran mayoría de los docentes responsables de las áreas prácticas de formación nunca había vivido el mundo del trabajo, por lo que la enseñanza que impartían era teórica.

Un comentario adicional concierne al anterior concurso de nombramiento de docentes. Se denunciaron varias falsificaciones de títulos profesionales, certificados de capacitación y de experiencia, así como constancias de residencia. Para hacer frente a esta situación en el proyecto de reglamento se toma en cuenta la experiencia laboral en centros educativos estatales y la capacitación acreditada por el Director Nacional de Educación, del Organismo Intermedio o del Rector de una Universidad Nacional. Por tanto, la capacitación que por iniciativa propia puedan haber organizado instituciones de enseñanza superior privada como las Universidades Católica y de Lima o el IPAE no cuentan como elemento en favor del postulante, así como tampoco la experiencia de trabajo en colegios privados. Esta situación también debería corregirse.

Mediante Decreto de Urgencia Nº 115-2001 se estableció un aumento de remuneraciones a profesores y docentes universitarios, profesionales y personal de los centros de salud, miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, servidores sujetos al Decreto Legislativo Nº 276, así como los jubilados comprendidos dentro de los regímenes de las Leyes Nº 19990 y Nº 20530. Por este aumento, se fija en S/. 50 la remuneración básica de estos trabajadores.

Días antes, el gobierno había anunciado la homologación de los sueldos de los vocales supremos y titulares, fiscalía, así como de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional y Consejo Nacional de la Magistratura con aquellos que rigen para los congresistas. Aunque pocos, los beneficiados con esta medida recibirán aumentos que fluctúan entre el 75% y 95%, mientras el resto de empleados públicos tiene un promedio de incremento salarial del 9%. Cabe indicar que el aumento que recibirá un Vocal Supremo titular equivale, en valores absolutos, al aumento que recibirán 250 profesores.

Si la decisión de tales aumentos responde a la necesidad de contar con profesionales idóneos en el Poder Judicial y cumplir con el mandato que establece que tales funcionarios deberían homologarse con los sueldos de los congresistas, cabría preguntarse si tal criterio no debe regir también para casos como el de los rectores y profesores universitarios, así como para el propio magisterio, donde la Ley del Profesorado establece que la remuneración del docente que se ubica en el V Nivel –el más alto de la carrera- debería ser equivalente a la de un Viceministro. La justificación de varios gobernantes de que los maestros son muchos y es difícil hacerles incrementos significativos no es excusa para que económicamente se continúe relegando a un sector tan importante de la población en el que reposa el futuro de la niñez.